Una escuela realmente democrática y parcitipativa
Didáctica para una crisis
Según leemos en el Capítulo II del Real Decreto 1105/2014:
Artículo 11 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
“a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. [...]”
Más adelante, en el Capítulo IV:
Artículo 33 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
“a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. [...]”
Por tanto, el ejercicio del pensamiento crítico, como requisito para el desarrollo de una ciudadanía madura es uno de los objetivos de la educación. ¿De qué manera podermos darle el debido cumplimiento? Creemos que las prácticas docentes que se recogen en el siguiente artículo serían una buena respuesta.
http://diarieducacio.cat/l1-entra-aules-docent-no-inhibir-me-davant-preg...
Sin embargo, en la prensa estos días encontramos noticias que, como mínimo, cncuentran un difícil encaje en nuestro marco legislativo-pedagógico:
http://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/2017/10/13/un_profesor_ga...
Desde aquí, carentes de más información que la aportada por los medios de comunicación, solicitamos que sea la inspección educativa quien dirima si el profesor se extralimitó en sus funciones. Consideramos de todo punto inadmisible otro tipo de intervención o injerencia en la labor docente.
Como integrantes del Grupo Illeta de la Red Ires, ante la situación convulso y crítico que vivimos, quisiéramos dejar también aquí una “Guía básica ante las discrepancias”, que consideramos útil para nuestras aulas y, por lo mismo, extrapolable al contexto social.
Rafael Porlán: “Los alumnos viven en el siglo XXI y la escuela en el XIX”
Entrevista a nuestro compañero Rafael Porlán en Tiching24/11/2016
http://blog.tiching.com/rafael-porlan/?utm_content=CMPRafaelPorlan&utm_m...
¿Cómo cree que debe ser el material pedagógico con el que el profesor enseña en clase?
No como los libros de texto actuales, que tienen una concesión única de la tarea, y no tienen en cuenta la diversidad de niños y contextos que se pueden dar en un aula. Los materiales pedagógicos deben estar diseñados por los propios maestros, adaptándolos a las necesidades de sus alumnos.
Medidas urgentes frente a la LOMCE
Medidas urgentes que proponen la comunidad educativa y organizaciones sociales y políticas para el curso 2016/2017, con el objetivo de evitar la expulsión de alumnos/as del sistema educativo y la pérdida de democracia en los centros escolares.
Ante las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno, la comunidad educativa y organizaciones sociales, políticas, de padres y madres y estudiantes exigen un acuerdo que evite el aumento del fracaso escolar y restituya la democracia y la equidad en el sistema educativo. Se trata de una serie de medidas urgentes para el próximo curso, para las que pedimos el compromiso de los partidos políticos para su inmediata puesta en práctica, considerándolas claves en el acuerdo de una nueva ley educativa, cuyas bases deberán establecerse mediante el diálogo y la participación de la comunidad educativa.
No se trata de un acuerdo definitivo por la educación sino medidas de urgente aplicación para el curso próximo que frenen el desastre en que se está convirtiendo el sistema educativo a juicio de la comunidad escolar. La reforma de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales realizadas con prisas para formar gobierno cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo su derogación. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas.
1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.
La reforma educativa y los maestr@s de #Oaxaca
Matanza en Nochixtlán: http://elpais.com/especiales/2016/nochixtlan/
Espacio Civil de Oaxaca emite alerta humanitaria por ataque armado del Estado a población civil
Académicos de la UNAM aseguran que Reforma Educativa es un Engaño
Una reforma educativa contra los maestros y el derecho a la educación
Carta al presidente de México de la Universidad Intercultural de los Pueblos de Colombia
DECLARACIÓN DE ILEGITIMIDAD DE LA PROPUESTA DE PACTO EDUCATIVO DE MARINA
El Foro de Sevilla, junto con los participantes en la elaboración de un documento de bases para una nueva ley educativa en nuestro país, ve ilegítima la hoja de ruta del Pacto educativo del profesor Marina. La paralización de la LOMCE y la reversión de los recortes son una urgencia para nuestro sistema educativo, demandada recientemente por la Plataforma para la escuela pública y por partidos y colectivos sociales, y aprobada por un parlamento con un gobierno en funciones, que hizo caso omiso en poner en funcionamiento lo que exigía la democracia elegida por los españoles y respaldada por toda la comunidad escolar. Es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aula.
Una sola persona no puede arrogarse la representación de la sociedad civil para elaborar un libro blanco, que no tiene legitimidad porque no representa a un colectivo, movimiento ciudadano, grupo de profesionales o sector de la comunidad educativa o de la sociedad.
José Antonio Marina, que tuvo el encargo del gobierno del PP para realizar el denominado “Libro blanco de la profesión docente” vuelve ahora, por su cuenta, a proponer una ‘Hoja de ruta para un pacto educativo’, invitando a que la firmen los principales partidos políticos. Ya desde muchos colectivos de educación se le respondió cuando, según afirma, por encargo de una universidad privada (es director de la Cátedra Nebrija-Santander de Inteligencia Ejecutiva y de la Educación), convocó a los partidos para ofrecerles su voluntad de redactar ese pacto educativo. En esta ocasión plantea una ‘Hoja de ruta’ con unas determinadas condiciones que expone en el documento a firmar:
- El partido que gobierne tras las elecciones se compromete, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación.
- La escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada.
- Los partidos firmantes reconocen que el “éxito educativo” es más amplio que el “éxito escolar”.
- El sistema educativo debe ayudar a desarrollar al máximo las competencias de todos los alumnos, fomentar una educación cívica y ética, y prepararles para la inserción en el mundo laboral.
Y otros aspectos, que desde su única reflexión formula, obviando el trabajo de análisis y debate públicos y de construcción colectiva, que buena parte de la comunidad educativa ha venido realizando durante los últimos años con redes, organizaciones políticas y sindicales y movimientos y entidades sociales.
Un pacto educativo no surge de un conocimiento experto particular, ni de una sola concepción de ideas que ya han sido rechazadas por la mayoría de la comunidad educativa. Tampoco puede partir de una serie de obligaciones previas que benefician a una determinada forma de pensar y actuar en educación. José Antonio Marina se entromete en caminos que desconoce y se pierde en los senderos del protagonismo más interesado. Parece considerarse el adalid educativo del país sin contar con la ciudadanía, sus movilizaciones, la lucha frente a la LOMCE, las ‘Mareas’ organizadas, su experiencia y conocimiento, sus declaraciones, textos y acuerdos alcanzados.
La educación como ‘bien común’ procede y se agota en la sociedad civil, es ella la que debe marcar el territorio en donde el derecho a la educación se debe definir. Los gobiernos son los gestores y garantes de ese derecho, ningún sujeto aislado, ninguna organización o institución privada puede marcar, por su cuenta y riesgo, las reglas de juego ni la ruta de un pacto que pretenda la estabilidad en el enunciado de ese derecho. Nuestra sociedad es lo suficientemente madura como para definir las reglas y las rutas que demanda a sus representantes. Por favor, no más autoproclamados “salvadores”.
Este proceso no nos parece propio de una sociedad democrática. No concebimos que sea un centro privado y elitista como la Universidad Elio Antonio de Nebrija quien se arrogue la facultad de encargar a una persona (y su equipo, vinculado además en su mayoría a centros privados) la elaboración de un “Libro Blanco sobre el Pacto Educativo” o una “Hoja de ruta para un pacto educativo”. Entendemos que la comunidad educativa y la ciudadanía en general deben ser protagonistas directos en la elaboración de esta Ley y no limitarse a hacerlo a través de un “buzón de sugerencias” como mecanismo de seudoparticipación similar a lo realizado con la LOMCE.
Los colectivos y organizaciones enumeradas en este escrito coinciden en que es necesario un acuerdo educativo, pero desde y con la comunidad educativa. Por eso ha puesto a disposición de los partidos políticos y la sociedad civil un texto (https://porotrapoliticaeducativa.org/) ya consensuado por buena parte de la comunidad educativa. Pero con la sustancial diferencia de que, en este caso, esta propuesta de “acuerdo” ha partido de la sociedad civil. El contenido ha sido elaborado, debatido y consensuado con las respectivas asambleas de colectivos sociales, sindicatos de estudiantes, asociaciones de padres y madres, organizaciones sindicales y partidos políticos. No desde un “laboratorio de ideas” vinculado a un modelo claramente neoliberal de educación y a los intereses de corporaciones privadas.
Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa:
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Roma y Stop Ley Wert/La educación que nos une, incluye: %Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Plataforma Crida de las Illes Balears (formada por madres, padres, estudiantes y profesorado).
Sindicatos de Estudiantes
Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.
Asociaciones de Madres y Padres
Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.
Organizaciones Sindicales
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y CGT Madrid
Partidos Políticos
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana
