Font de Mora vuelve a confundir la Consejería con su cortijo
Atentado a la libertad sindical contra la organización mayoritaria de la enseñanza valenciana
Educación castiga al STEPV en los presupuestos de 2010 y le niega las subvenciones legales a las que tiene derecho.
Por primera vez, los Presupuestos de la Generalitat valenciana de 2010 excluyen las ayudas al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV) por formación, promoción de la lengua propia y representatividad. Sin dar ninguna explicación, la Consejería de Educación ha decidido suprimir al sindicato como perceptor de estos capítulos presupuestarios que hasta ahora recogían los Presupuestos.
STEPV es la única organización sindical eliminada de estas partidas. Se trata por tanto de una situación gravísima de persecución política y de atentado a la libertad sindical contra la representación mayoritaria de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza del País Valenciano.
Desde que se conocieron los borradores de la ley de Presupuestos, STEPV solicitó entrevistarse con responsables de la Consejería y del gobierno valenciano para que ofrecieran explicaciones de la exclusión y subsanaran el supuesto error. Sin embargo, las gestiones realizadas por representantes del sindicato confirmaron que la retirada de las subvenciones obedecía a una decisión política tomada a conciencia para castigar a la organización sindical por su oposición a la política educativa del consejero de Educación y del gobierno valenciano. Se trata de una oposición legítima y democrática y que, como se ha manifestado en el último periodo, es compartida por decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos.
Ante la agresión gubernamental, portavoces del Sindicato se entrevistaron con todos los grupos parlamentarios de la oposición, PSPV-PSOE, Esquerra Unida y Compromís, y les solicitaron la presentación de enmiendas para restituir las ayudas al STEPV en las partidas correspondientes, petición que asumieron y materializaron de inmediato. Como respuesta, el Partido Popular rechazó todas las enmiendas planteadas en este sentido.
Los hechos denunciados ponen de manifiesto el talante autoritario que se ha instalado en la administración educativa valenciana, una administración que rechaza el diálogo, la negociación, el consenso y la búsqueda de acuerdos con el sindicato mayoritario de la enseñanza. Por el contrario, los responsables de la Consejería, con el único objetivo de limitar las acciones críticas contra su gestión, se han empeñado en suprimir las dotaciones económicas que de acuerdo a derecho corresponden al STEPV.
La Consejería perjudica de manera innecesaria las relaciones con el sindicato mayoritario en un nuevo acto de irresponsabilidad política. Además, estos recortes en la financiación no benefician a nadie y cuestionan las actitudes democráticas de sus instigadores. Con su actuación, el consejero de Educación coloca al president Francisco Camps en una situación delicada, en la primera línea de la confrontación. En su última muestra de miopía política y actitud provocadora, Alejandro Font de Mora obliga al gobierno de la Generalitat a asumir la responsabilidad de dejar sin financiación pública al sindicato mayoritario de la enseñanza.
Este hecho se suma a la campaña represiva iniciada por la Consejería contra la educación pública, con desafíos a los equipos docentes, a los cargos directivos y a otras entidades educativas. Las amenazas al profesorado de Ciudadanía del instituo Altaia, de Altea, los expedientes a cargos directivos de Almoines o Monfort, o las retiradas de ayudas a Movimientos de Renovación Pedagógica o la Fundació Sambori son casos puntuales que ilustran la obsesión del actual equipo de Educación por castigar a quienes cuestionan públicamente sus imposiciones.
Pero estas medidas represivas son inútiles porque no tendrán el efecto deseado por sus patrocinadores: las decisiones sindicales en esta organización sólo dependen de la voluntad y el tesón de las trabajadoras y trabajadores y de las cuotas de las personas afiliadas, las cuales cubren económicamente la actividad sindical. Si se pretende silenciar y reducir una voz crítica e incómoda para el actual gobierno valenciano, Camps puede tropezar justamente con el efecto contrario. De hecho, la represión injustificada contra el STEPV ya está experimentando una ola de adhesiones y solidaridad, un auténtico boomerang contra sus promotores.
Ni que decir tiene que STEPV presentará el correspondiente recurso por persecución y atentado a la libertad sindical e iniciará una campaña para dar a conocer a la sociedad estos hechos tan graves. El Sindicato, que seguirá presionando a la Consejería y al gobierno valenciano para que enmienden su actitud, ya ha anunciado que pedirá la intervención de la Sindicatura de Greuges. Si es preciso, ha advertido STEPV, se recurrirá hasta las más altas instancias, incluida la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
21 de diciembre de 2009
