SUATEA-STES: Un pacto contra la escuela pública
Comunicado del Secretariado de SUATEA-STES ante la presentación del documento sobre el pacto escolar.
El documento entregado por el ministro Gabilondo sobre el llamado pacto escolar, tras cuatro años de aprobación de la LOE, profundiza en las medidas más regresivas y contrarias a la escuela pública.
En primer lugar, pone en pie de igualdad a los centros públicos y a los privados concertados, como si los dos tipos de centro fueran lo mismo.
Plantea que el servicio público de educación está formado tanto por la red pública como por la privada concertada, con el consiguiente compromiso de dotación y desviación de fondos públicos para dotar centros privados. Como esta medida se complementa con la autonomía organizativa y de gestión de los centros, las consecuencias es que se da a las empresas educativas patente de corso para exigir recursos sin control de ningún tipo. La referencia al “reparto” de alumnado con dificultades es una falacia que los datos estadísticos se encargan de desmontar. El pacto propuesto por el ministro de Educacion garantiza la revisión de los procesos de escolarización para dar cabida a las exigencias de la patronal de la enseñanza privada.
El refuerzo de las direcciones de los centros, otra de las medidas contempladas en el pacto, va en el sentido de lo que ocurre ya en Catalunya, en las que los directores de los centros pueden seleccionar o incluso contratar directamente al profesorado.
Se antepone la libre elección de centro frente a la planificación docente y se accede a las reivindicaciones de la patronal de la enseñanza privada: dotación de recursos de todo tipo, aumento de los módulos de concierto, equiparación salarial con el profesorado de la enseñanza pública, retribución específica de la función directiva.
Plantea dos itinerarios cerrados en cuarto de la ESO e incluso permite que sin haber aprobado segundo de la ESO se pase a un Programa de cualificación profesional inicial. Se trata de medidas que estaban en la LOCE, muy criticadas por el sector progresista en su momento, como muchas otras de las que se proponen en el pacto, como las siguientes: plantea un sistema jalonado de pruebas externas al alumnado: 4º de Primaria y 2º de ESO, evaluación de diagnóstico. En 6º de primaria y 4º de la ESO otra nueva evaluación general de una muestra representativa, además de la participación en las Evaluaciones internacionales.
En cambio, no existe ni una sola medida como la reducción del alumnado por aula, o del número de alumnos por cada docente, ni desdobles ni dotación generalizada de profesorado de apoyo…, ni tampoco un compromiso de incrementar el porcentaje del PIB destinado a educación hasta alcanzar el 7%, reivindicación de toda la Comunidad Educativa expresada en los informes del Consejo Escolar del Estado.
La referencia a la igualdad de mujeres y hombres se resuelve en dos líneas que hacen referencia a la convivencia, pero no hay ni una sola referencia a la coeducación en un texto de casi 50 folios. Además, representa un claro retroceso que un Ministerio de Educación publique un documento que está escrito en su totalidad en masculino genérico.
Las medidas propuestas en FP en muchos casos ya existen y en otros van encaminadas a incrementar el número de personas tituladas, a través de la acreditación de las competencias adquiridas por otras vías, medidas ya incluidas en el proyecto de ley de Economía sostenible.
No hay ni una sola referencia al profesorado interino, que es el gran ausente de todo el pacto: parece no existir, cuando representa en muchas CCAA más del 15 % del total de la plantilla. Sobre el acceso a la función pública ni siquiera se habla del acceso diferenciado para quienes llevan años de experiencia en la enseñanza pública.
Y para acabar, el capítulo dedicado al profesorado: las medidas planteadas para mejorar la calidad se circunscriben a la negociación de un Estatuto Docente basado en una carrera profesional meritocrática y discriminatoria. No hay ni una sóla medida para que el trabajo diario del profesorado mejore: se trata de declaraciones de buenas intenciones sin propuestas concretas.
Y todo ello a cuatro años de haber aprobado una Ley que ya avanzaba enormemente en la privatización el sistema educativo y que concedía prebendas impensables hace un par de lustros. En lugar de aprovechar esta legislatura para consolidar la red pública, aumentar las construcciones de centros escolares públicos en todos los niveles y mejorar las condiciones laborales del profesorado, se da otra vuelta de tuerca a la privatización y a la gestión empresarial de la enseñanza. Se renuncia a la creación de plazas públicas en el tramo 0 a 3 y no hay ninguna referencia a que este tramo pase a depender de las Consejerías de Educación.
Para acabar este análisis de urgencia del documento, hemos de resaltar la vaguedad de la referencia a la reivinciación unánime de los docentes, es decir, la “posibilidad” de la prórroga “hasta que se regule la edad de jubilación en el marco del Pacto de Toledo”, es decir, ninguna garantía de que se cumpla una demanda que además de contribuir a generar empleo ha supuesto la unanimidad de las reivindicaciones sindicales.
En resumen: un pacto contra la escuela pública que agrada a la derecha educativa y por lo visto a unos sindicatos que incomprensiblemente parecen aceptar que los fondos públicos se desvíen hacia empresas privadas y que no se atienda ninguna de las reivindicaciones de las y los docentes de la enseñanza pública.
