Didáctica para una crisis


tilikum - Posted on 15 October 2017

Según leemos en el Capítulo II del Real Decreto 1105/2014:
Artículo 11 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
“a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. [...]”

Más adelante, en el Capítulo IV:
Artículo 33 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
“a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. [...]”
Por tanto, el ejercicio del pensamiento crítico, como requisito para el desarrollo de una ciudadanía madura es uno de los objetivos de la educación. ¿De qué manera podermos darle el debido cumplimiento? Creemos que las prácticas docentes que se recogen en el siguiente artículo serían una buena respuesta.

http://diarieducacio.cat/l1-entra-aules-docent-no-inhibir-me-davant-preg...

Sin embargo, en la prensa estos días encontramos noticias que, como mínimo, cncuentran un difícil encaje en nuestro marco legislativo-pedagógico:

http://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/2017/10/13/un_profesor_ga...

Desde aquí, carentes de más información que la aportada por los medios de comunicación, solicitamos que sea la inspección educativa quien dirima si el profesor se extralimitó en sus funciones. Consideramos de todo punto inadmisible otro tipo de intervención o injerencia en la labor docente.

Como integrantes del Grupo Illeta de la Red Ires, ante la situación convulso y crítico que vivimos, quisiéramos dejar también aquí una “Guía básica ante las discrepancias”, que consideramos útil para nuestras aulas y, por lo mismo, extrapolable al contexto social.

Ante las discrepancias, decíamos, se pueden adoptar varias actitudes, según queramos resolver la situación a corto o largo plazo.

1- Deslegitimar una de las opiniones en disputa, sancionándola o haciéndola comparecer ante un juez, atendiendo a lo establecido por la normativa legal, partiendo del supuesto de que Justicia y Derecho son una y la misma cosa, dando también por hecho que quien administra la legalidad lo hace de manera desinteresada e independiente de los poderes establecidos.

2- Reconocer legitimidad a cada parte y asumir que ninguna de las voces discordantes están en posesión de la verdad absoluta. Respetar las distintas perspectivas, sin tachar a priori de irracional, ridícula, etc. a ninguna.

Si se suscribe la primera, se resuelve la crisis de manera momentánea. No hay ni habrá lugar para debates, y si la parte deslegitimada insiste y persiste en hacer caso omiso a las llamadas al orden, se acciona la represión en todas sus formas. La resolución consistirá en la imposición de una parte sobre otra, y el factor determinante será la fuerza, no la argumentación, previa criminalización del discrepante, privándolo de las capacidades que le facultarían para ser considerado interlocutor válido, excluyéndolo del “sentido común”, sin análisis ni especificación de qué sea tal cosa.

Si convenimos en la segunda, se abren al menos dos caminos:

1-Camino exterior. Solicitar un arbitraje externo e imparcial que determine, oídas las partes, del lado de quién estaría la razón, con las matizaciones oportunas. Tal instancia externa habría de ser reconocida por ambas partes. Y, como en el caso del juez interior, debería carecer de intereses que decantaran su veredicto en una u otra dirección.

2- Asamblea deliberativa. Exposición de razones por las partes. Aquí se trata de que cada cual pueda desplegar sus argumentos, con la finalidad de que todos los implicados en la cuestión sean conocedores de los motivos de una y otra parte. A continuación vendrían las aclaraciones pertinentes. Por último, se procedería a la toma de partido sobre la cuestión objeto de la disputa.

Obviamente, la última de las opciones sería la más laboriosa. Exigiría una clarificación previa de muchos conceptos, incluidos los procedimentales. Definir primero el marco, las reglas que posibilitarán la libre expresión. Y después, poner sobre la mesa las palabras y sus significados, los fundamentos, instituciones, símbolos, hechos históricos, documentos...someterlos a análisis para poder valorar en qué medida contribuyen a los objetivos de la comunidad política, buscando una solución al conflicto a largo plazo, que pueda ser reconocida como legítima por todas las partes. No solo sería la más laboriosa ahora, seguiría siéndolo en el futuro. Siempre y cuando queramos poder decir que enseñamos y vivimos en una democracia, al menos dentro del aula.

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